El candidato prohibido

  El pedido de organizaciones sociales y sectores de oposición para que el presidente Rodrigo Paz renuncie o convoque a elecciones anticipadas en un plazo de 90 días carece de fundamento legal bajo la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia. Jurídicamente, los mandatos presidenciales en Bolivia están blindados por plazos constitucionales rígidos (5 años), y cualquier intento de recortar ese periodo mediante presión fáctica vulnera el principio de legitimidad democrática y el orden constitucional.  1. Inconstitucionalidad del Ultimátum de 90 Días Duración del mandato: Según la legislación boliviana, el presidente Rodrigo Paz fue elegido constitucionalmente para un periodo de cinco años, el cual inició formalmente el 8 de noviembre de 2025. Inexistencia de la figura de "Convocatoria Forzada": Ningún sindicato, federación agraria ni líder político (como los sectores afines a Evo Morales o la Central Obrera Boliviana) tiene la facultad jurídica de otorgar plazos o ...

  La situación política actual en Bolivia está marcada por una profunda crisis social y de gobernabilidad, reflejada en protestas masivas, bloqueos de carreteras y un sector movilizado que exige la renuncia del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, quien asumió el cargo tras derrotar históricamente al Movimiento al Socialismo (MAS). 1. Causas principales de las movilizaciones Giro del modelo económico: Tras casi 20 años de gestiones del MAS, el presidente Paz implementó medidas de ajuste estructural como el recorte del gasto público, la emisión diaria de una cotización referencial del dólar y el retiro de la subvención a combustibles para paliar la escasez de divisas y la inflación heredadas. Rechazo a reformas agrarias y constitucionales: Los sectores movilizados rechazan leyes de conversión de tierras y el reciente anuncio presidencial de crear una comisión para una reforma parcial de la Constitución de 2009, orientada a facilitar la inversión privada. Crisis técnica del comb...

  El  Proyecto de Ley N.º 010/ 2023-2024 (Ley Brisa)  busca reformar el sistema penal boliviano en respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso  Brisa De Angulo Losada vs. Bolivia . Su objetivo es eliminar la impunidad en delitos sexuales contra menores mediante la redefinición de tipos penales y la eliminación de la prescripción.  Análisis de Derechos y Garantías en Discusión Desde la perspectiva de sectores críticos y especialistas en derecho penal, se argumenta que la redacción actual del proyecto podría entrar en conflicto con ciertos preceptos de la  Constitución Política del Estado (CPE) :  1. Presunción de Inocencia y Debido Proceso (Art. 116 y 117 de la CPE) Crítica : Se advierte que al centrar el tipo penal en la  falta de consentimiento  y considerar que la sola denuncia podría ser prueba suficiente, se corre el riesgo de revertir la carga de la prueba, obligando al acusado a demost...

  La Ley N° 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia)   Desde una perspectiva técnica-jurídica, su aplicación ha generado debates sobre la posible vulneración de garantías fundamentales.  Análisis de Derechos Constitucionales Vulnerados En la práctica judicial boliviana, se ha identificado que la aplicación de esta ley puede colisionar con los siguientes derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE): Derecho a la Presunción de Inocencia (Art. 116.I): Es la crítica más recurrente. Expertos señalan que la ley permite el inicio de investigaciones y la aplicación de medidas cautelares (como la detención preventiva) basándose casi exclusivamente en la denuncia, lo que en ocasiones invierte la carga de la prueba hacia el imputado. Derecho al Debido Proceso (Art. 115.II): Se reportan vulneraciones relacionadas con procesos que pueden carecer de objetividad debido al estigma social del delito y ...

  Terebinto: Una Herida Abierta que Exige Unidad El 19 de mayo de 1958 quedó marcado en el calendario cruceño no solo con sangre, sino con una profunda sensación de vulnerabilidad. La  Masacre de Terebinto , donde jóvenes de Falange Socialista Boliviana, de la Unión Juvenil Cruceñista,  y universitarios de la UAGRM fueron perseguidos y victimados por milicias armadas del gobierno de turno, es un episodio sombrío que, a décadas de distancia, sigue enviando un mensaje urgente a nuestra sociedad. Lo ocurrido en aquella comunidad no fue un accidente fortuito; fue el resultado del odio político y el intento de doblegar el espíritu de un pueblo que reclamaba lo que por derecho le correspondía: sus regalías petroleras y un trato digno dentro del Estado boliviano. La crueldad con la que se actuó contra los "mártires de Terebinto" debe servir como un recordatorio permanente de lo que sucede cuando el poder central se desconecta de la realidad regional y utiliza la fuerza para sile...