Ataque a la estabilidad nacional

 

El pedido de organizaciones sociales y sectores de oposición para que el presidente Rodrigo Paz renuncie o convoque a elecciones anticipadas en un plazo de 90 días carece de fundamento legal bajo la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia. Jurídicamente, los mandatos presidenciales en Bolivia están blindados por plazos constitucionales rígidos (5 años), y cualquier intento de recortar ese periodo mediante presión fáctica vulnera el principio de legitimidad democrática y el orden constitucional. 

1. Inconstitucionalidad del Ultimátum de 90 Días

Duración del mandato: Según la legislación boliviana, el presidente Rodrigo Paz fue elegido constitucionalmente para un periodo de cinco años, el cual inició formalmente el 8 de noviembre de 2025.

Inexistencia de la figura de "Convocatoria Forzada": Ningún sindicato, federación agraria ni líder político (como los sectores afines a Evo Morales o la Central Obrera Boliviana) tiene la facultad jurídica de otorgar plazos o "ultimátums" al Órgano Ejecutivo para forzar elecciones anticipadas. La fijación de calendarios electorales es una atribución exclusiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

2. El Procedimiento Legal para la Renuncia Presidencial

Para que una renuncia presidencial sea válida en Bolivia, no basta con la presión de bloqueos o declaraciones públicas. La Constitución (CPE) exige un rigor formal estricto: 

Presentación formal: Conforme al artículo 161 de la CPE, la renuncia debe ser presentada formalmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Aceptación o rechazo: La ALP posee la atribución constitucional exclusiva de admitir o negar la renuncia del mandatario. Si el Legislativo la rechaza, el presidente sigue legalmente en funciones.

Debido a esto, la postura de Rodrigo Paz de descartar su dimisión y afirmar que cumplirá su mandato se apega estrictamente al ordenamiento constitucional vigente. 

3. La Sucesión Presidencial y la Regla de los 90 Días

El plazo de 90 días mencionado por la oposición confunde e interpreta de manera errónea los mecanismos de cese de funciones: 

Línea de Sucesión: En caso de una hipotética ausencia definitiva del Presidente, el artículo 169 de la CPE activa la sucesión automática hacia el Vicepresidente (Edmand Lara), y en su defecto, a los presidentes de las Cámaras de Senadores o Diputados.

Cuándo aplican los 90 días: El plazo de 90 días para realizar nuevas elecciones generales solo se activa jurídicamente si ocurre una Revocatoria de Mandato (mecanismo constitucional de voto popular que no se ha realizado) o si la sucesión presidencial llega constitucionalmente hasta el Presidente de la Cámara de Diputados ante la falta absoluta de los demás sucesores. 

4. Responsabilidad Penal por Bloqueos y Sedición

Desde la perspectiva del Derecho Penal boliviano, las medidas coercitivas empleadas para exigir la renuncia configuran delitos tipificados en el Código Penal:

Sedición y Atentados: El uso de bloqueos viales crónicos para deponer a un gobierno constituido atenta contra la seguridad interna del Estado.

Vulneración de Derechos Fundamentales: Impedir el libre tránsito y el suministro de combustibles vulnera el derecho a la vida, la salud y la alimentación de la población civil. El Estado boliviano cuenta con el respaldo legal para declarar medidas de excepción o activar el uso de la fuerza pública para restituir el orden y proteger la infraestructura crítica. 

Conclusión Jurídica

El pedido de renuncia en un plazo de 90 días al presidente Rodrigo Paz es un acto de presión eminentemente político y fáctico, desprovisto de legalidad constitucional. Cualquier interrupción del mandato por vías de hecho, saltándose los procedimientos de la Asamblea Legislativa o la línea de sucesión, constituiría una ruptura del hilo democrático y un quiebre institucional en Bolivia.